Un contundente e implacable choque de ideologías y estrategias políticas encendió al máximo las alertas en el Poder Legislativo durante el desarrollo de la sesión extraordinaria en el Congreso. Diputadas y diputados representantes de las fracciones de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) subieron a la tribuna principal para fijar de manera enérgica sus posturas de cara al polémico dictamen con proyecto de decreto que busca reformar y adicionar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas. El ambiente parlamentario se tornó violento e intenso ante las visiones opuestas sobre cómo frenar la infiltración de la delincuencia en las urnas.

Por el bloque oficialista, la cacería de perfiles criminales fue defendida a capa y espada. El diputado Gilberto Herrera Solórzano (Morena) sentenció que con este documento se busca implementar una herramienta de choque para detectar perfiles de riesgo y evitar de manera definitiva que personas con nexos con el narcotráfico y la corrupción se cuelen a las boletas electorales. En este mismo sentido, la diputada Maribel Martínez Ruiz (PT) argumentó que la reforma mejora sustancialmente los filtros para que solo los ciudadanos honrados sirvan al pueblo; no obstante, lanzó un mensaje de mano dura al manifestar que la ley debería ser aún más robusta, obligando a los partidos a entregar la información de sus aspirantes en lugar de dejarlo como un acto voluntario.

En un contraste total y de alta escuela, la oposición mexicana calificó la propuesta presidencial como una estrategia propagandística y un peligro inminente para la democracia. El diputado Federico Döring Casar (PAN) lanzó un lapidario reclamo al afirmar que la reforma simula exorcizar al narco de la política, pero en realidad pone los procesos de elección en manos de las fiscalías y policías manipuladas por el gobierno. A esta contraofensiva se sumó la diputada Abigail Arredondo Ramos (PRI), quien tildó el proyecto de ser un "doble juego" y una cortina de humo que pone en riesgo el debate público, acusando que la nueva comisión del INE carecerá de imparcialidad y objetividad al actuar como juez y parte, por lo que exigió que mejor se sumen a iniciativas para inhabilitar de forma inmediata a los funcionarios ligados al crimen.

Intentando mediar la tormenta legislativa, el bloque del PVEM, representado por el diputado José Luis Fernández Martínez, intervino para aclarar que el dictamen simplemente propone dotar a los institutos políticos de herramientas transparentes e informadas para tomar decisiones más responsables ante el pueblo. Remarcó que el mecanismo no impone candidaturas ni prohíbe registros de forma arbitraria, ya que la última palabra en las postulaciones seguirá recayendo con total autonomía en los partidos. Pese a esta explicación técnica, el diputado Pablo Vázquez Ahued (MC) cerró filas en contra, manifestando de forma cruda que la reforma no abona a combatir a la delincuencia y que solo debilita al INE para convertirlo en un instrumento de persecución y hostigamiento político, lamentando que no se construyera una reforma integral bajo un diálogo republicano y plural en este 2026.