En un giro radical que entierra las viejas prácticas de explotación y simulación, el Gobierno de la Transformación ha logrado que el reparto de utilidades deje de ser un mito para convertirse en una realidad palpable en las cuentas de los trabajadores mexicanos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) lanzó un recordatorio contundente a todas las empresas y empleadores del país: el mes de mayo es el límite legal para cumplir con la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), un derecho constitucional que hoy goza de una fuerza sin precedentes gracias a la reforma de subcontratación de 2021. Lo que antes era un beneficio "rasurado" por el esquema de outsourcing, hoy se ha transformado en un flujo de riqueza que reconoce directamente el esfuerzo de quienes mueven la maquinaria nacional.

Las cifras no mienten y resultan escandalosas para quienes se oponían al cambio: el monto distribuido ha registrado un incremento acumulado del 150 por ciento, alcanzando la cifra histórica de 259 mil 610 millones de pesos. Este salto monumental representa un acto de justicia laboral que busca dignificar el trabajo y asegurar que la riqueza generada en los centros laborales no se quede solo en la cúpula patronal. Tras décadas de un sistema que limitaba este acceso mediante la ingeniería fiscal y la simulación, las nuevas reglas del juego han devuelto a la clase trabajadora lo que por ley le pertenece, marcando un antes y un después en la historia económica de México.

Ante esta situación, la STPS ha advertido que mantendrá una vigilancia implacable para que ninguna empresa intente evadir esta obligación. El llamado es claro: el cumplimiento debe ser puntual y total. Para garantizar que nadie sea víctima de abusos, el Gobierno Federal ha reforzado los canales de denuncia a través de la Profedet y el SIQAL, donde se atenderá a cualquier empleado que detecte irregularidades en su pago. La era de la simulación ha terminado y la vigilancia del Estado será permanente para que este derecho se ejerza con plenitud, consolidando un esquema donde el bienestar del trabajador es el eje central del desarrollo.