En un paso decisivo para proteger la estabilidad emocional y física de los menores, el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La nueva normativa establece que, ante situaciones de riesgo o violencia en el hogar, la medida cautelar prioritaria será la separación de la persona agresora de la residencia, evitando que sean los hijos quienes tengan que abandonar su entorno conocido.

La diputada Carla Rivas Martínez, en representación de la Comisión de Feminicidios, fundamentó esta reforma señalando que el bienestar de la niñez debe estar por encima de cualquier derecho del agresor. Anteriormente, era común que las víctimas —madres e hijos— tuvieran que buscar refugio en albergues o casas de familiares, perdiendo su escuela, sus pertenencias y su estabilidad. Con este cambio legal, se aplica el principio de interés superior de la niñez, garantizando que el menor permanezca en su hogar mientras el generador de violencia es retirado.

Las estadísticas que motivaron esta decisión son contundentes: en Chihuahua, 6 de cada 10 menores han sufrido disciplina violenta. Además, las cifras del Secretariado Ejecutivo revelan un aumento preocupante en la incidencia de violencia familiar en la entidad, pasando de casi 13 mil casos en 2021 a 14,050 reportes durante el año 2025. El Observatorio Ciudadano de FICOSEC añade que más de la mitad de la niñez chihuahuense ha padecido violencia psicológica por parte de sus padres.

La reforma modifica diversos artículos para asegurar que las autoridades judiciales y administrativas actúen con celeridad. No se trata solo de un castigo para el agresor, sino de una medida de protección preventiva que busca reducir el trauma del desplazamiento forzado en las víctimas más vulnerables. La iniciativa fue impulsada originalmente por el Grupo Parlamentario del PAN, logrando el consenso necesario para transformar la manera en que se gestionan las crisis familiares en el estado.

Con esta ley, Chihuahua se pone a la vanguardia en derechos humanos, enviando un mensaje claro: el hogar debe ser el espacio más seguro para los niños. Al obligar al agresor a retirarse, se protege no solo la integridad física de los menores, sino también su derecho a la vivienda, a la educación y a la continuidad de su vida cotidiana sin interrupciones traumáticas.