La propuesta introduce un certificado obligatorio para agroexportadores, diseñado para garantizar seguridad social a los trabajadores y frenar el cambio de uso de suelo en zonas forestales.

La iniciativa, turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Estudios Legislativos, propone reformas clave a la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Comercio Exterior y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El proyecto reconoce que sectores estratégicos como el del aguacate y los frutos rojos que representan el 9.1 por ciento del PIB nacional enfrentan presiones internacionales crecientes por la trazabilidad laboral y el impacto ambiental.

En este sentido, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social quedaría facultada para emitir certificaciones de cumplimiento, mientras que la Ley de Comercio Exterior incorporaría estas medidas como restricciones no arancelarias para asegurar que los productos destinados al mercado extranjero, especialmente bajo el marco del T-MEC, estén libres de trabajo informal y deforestación. 

El documento enfatiza que los exportadores, al ser quienes obtienen el mayor beneficio económico, tienen una corresponsabilidad en asegurar condiciones de vida dignas para los jornaleros, evitando que la apertura comercial se traduzca en una carga social para quienes trabajan la tierra. Con esta armonización de políticas, el Estado mexicano busca responder a las exigencias de mercados globales que demandan procesos productivos verificables y sostenibles.