El Pleno del Senado aprobó por unanimidad una reforma radical a la Ley General de Bibliotecas para obligar la inclusión de acervos en lenguas indígenas, afromexicanas y formatos accesibles para personas con discapacidad.

En un golpe de autoridad contra el olvido histórico, los senadores blindaron el derecho a la información de los sectores más vulnerables de México. La nueva normativa exige que las políticas públicas se rijan por la "bibliodiversidad", un concepto que obliga a las instituciones a contar con materiales que reflejen la pluralidad étnica del país, sacando de la marginalidad a las lenguas maternas y garantizando que el conocimiento científico y tradicional esté al alcance de todos

La reforma no solo se queda en el papel, pues impone a los tres órdenes de gobierno la tarea de coordinar programas de capacitación en tecnologías de la información para el personal bibliotecario. El objetivo es que las bibliotecas públicas dejen de ser simples depósitos de libros viejos y se conviertan en centros de inteligencia y modernización tecnológica, donde personas con discapacidad visual o auditiva cuenten con las herramientas necesarias para su aprendizaje y desarrollo

Senadores de diversas bancadas subrayaron que esta modificación es un acto de reconocimiento a los derechos de los pueblos afromexicanos e indígenas, elevando su cultura de una "nota al margen" a una prioridad institucional. Con esta medida, el Senado busca que el acceso a la lectura se dé en condiciones de libertad y equidad social, asegurando que las bibliotecas escolares y públicas funcionen como verdaderos motores de igualdad para cerrar la brecha del conocimiento en este 2026