La iniciativa presidencial pone un freno en seco a la explotación digital de los artistas intérpretes y ejecutantes. Según el documento turnado a comisiones, queda prohibida cualquier reproducción total o parcial de artistas mediante sistemas de IA o medios tecnológicos conocidos o por conocer, a menos que exista un contrato libre, informado y con una remuneración de por medio. Quienes violen esta normativa enfrentarán sanciones económicas que oscilan entre los 100 mil y más de 500 mil pesos, cifras que se duplicarán en caso de reincidencia, marcando un precedente en la defensa de la identidad y el trabajo humano frente a los algoritmos.

Por otro lado, la propuesta para expedir la Ley Federal de Cine y el Audiovisual abroga la legislación de 1992 para adaptarse a la era de las plataformas de "streaming" y video bajo demanda. Esta nueva ley busca que el Estado mexicano retome el control en la promoción, exhibición y preservación de obras cinematográficas con un enfoque de inclusión social y libertad creativa. Con estas reformas, se refuerzan las facultades del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) y se agilizan las notificaciones por medios tecnológicos, asegurando que los creadores tengan mecanismos rápidos para defender su obra y su voz en un mercado global cada vez más digitalizado.