El asunto será revisado a partir de un proyecto elaborado por la ministra Lenia Batres, dentro del amparo promovido por uno de los soldados sentenciados por el homicidio calificado de un civil ocurrido en febrero de 2012.

De acuerdo con el expediente, un grupo de militares ingresó por la fuerza al domicilio de la víctima, la privó de la libertad y la trasladó a un paraje aislado para interrogarla bajo tortura con el fin de obtener información sobre presuntas actividades ilícitas en la región.

Durante el interrogatorio, la víctima fue sometida a asfixia, inmovilización y otros métodos violentos, hasta que perdió la vida por estrangulamiento. Posteriormente, el cuerpo fue quemado parcialmente y abandonado en un barranco para intentar impedir su identificación.

Por estos hechos, seis militares recibieron condenas definitivas con penas que van de los nueve meses a más de 36 años de prisión, dependiendo de su grado de participación.

Uno de los soldados impugnó la sentencia argumentando violaciones al debido proceso y deficiencias en la investigación; sin embargo, un tribunal colegiado consideró que existían pruebas suficientes y que el proceso se realizó conforme a derecho.

El proyecto que será analizado por la SCJN propone confirmar la condena al considerar improcedente la revisión del fondo del asunto.

Nota de referencia: La Jornada.