La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se presentó de manera voluntaria ante las oficinas de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México para encarar un citatorio ministerial. La mandataria estatal denunció abiertamente que se trata de un acto autoritario que busca fabricar un caso criminal en su contra, violando la legalidad con el único fin de acallar a la oposición.

Con un discurso frontal, la gobernadora chihuahuense acusó al Gobierno Federal de desatar una persecución política en su contra a pesar de entregar resultados, mientras que a las personas señaladas por vínculos con el crimen organizado se les otorga impunidad absoluta. Condenó enérgicamente el uso faccioso de las instituciones judiciales como herramientas para hostigar a quienes piensan diferente en el país.

La mandataria estatal sentenció que no se puede normalizar el clima de dolor, violencia y persecución que azota a la nación. Al salir de la diligencia, lanzó una advertencia clara a sus adversarios políticos, afirmando que defenderá las libertades de las familias chihuahuenses y que la batalla legal y política continuará con firmeza hasta donde tope.

El equipo legal de la funcionaria entregó por escrito los argumentos de defensa ante la investigación abierta por la FGR, la cual indaga la supuesta intervención de agentes de Estados Unidos en un operativo policial coordinado por las fuerzas del estado de Chihuahua. Mientras la gobernadora atendía las demandas de la autoridad, sus defensores desestimaron las acusaciones federales.