Un golpe contundente a las estructuras financieras del narcotráfico internacional y un fuerte blindaje para la salud pública del país se consolidó tras una persecución en alta mar. En una operación encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la SSPC y la FGR, las fuerzas federales localizaron un cargamento ilícito oculto dentro del recinto portuario, logrando triturar la economía de la delincuencia organizada con una afectación estimada en 29 millones 711 mil pesos.

La cacería del cargamento se activó cuando el personal naval, durante labores estratégicas de patrulla y vigilancia marítima, detectó y dio seguimiento bajo fuego de sospecha a un buque mercante que contaba con un alertamiento por el posible transporte de mercancía ilegal. Tras el arribo de la embarcación a puerto, elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) de la Décima Sexta Zona Naval cerraron filas para iniciar el asalto táctico de inspección en los contenedores.

El modus operandi de las mafias sudamericanas quedó al descubierto gracias al despliegue de un binomio canino especializado en la detección de narcóticos, el cual identificó irregularidades en una carga comercial. Al abrir el búnker de metal, los agentes aseguraron con garras de hierro cinco bultos sospechosos que escondían 139 ladrillos con un peso aproximado de 137 kilogramos de cocaína pura, evitando de forma indestructible que cerca de 274 mil dosis letales contaminaran las vialidades.

Como resultado de este despliegue de mano dura, las autoridades federales lograron la captura de cinco personas de nacionalidad ecuatoriana presuntamente involucradas en el tráfico de la droga. A los tripulantes extranjeros se les leyeron sus derechos de ley en la escena y, junto con el arsenal de narcóticos incautado, quedaron bajo estricta disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación.

Finalmente, mandos navales lanzaron una estricta advertencia sentenciando que no bajarán la guardia en las fronteras marítimas de la nación. Ratificaron que mantendrán operaciones permanentes de vigilancia portuaria, aérea y terrestre con el objetivo de preservar el Estado de derecho e impedir que los bastiones de la mafia pongan en riesgo el bienestar y la seguridad de la población civil.