En una votación dividida que reaviva el ferviente debate nacional sobre la militarización, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó las reformas a la Ley Federal de Derechos. Con esta determinación, el máximo tribunal del país dejó intacta la estructura legal que permite la entrega directa de miles de millones de pesos —provenientes de la operación turística del Tren Maya y de diversos servicios aeroportuarios— a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina-Armada de México.

Con una cerrada votación de cinco votos contra cuatro, los ministros desecharon la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición. El bloque opositor buscaba tumbar las modificaciones a los artículos 18-A y 220-A de la mencionada norma, alertando que el financiamiento desmedido contribuye a un peligroso empoderamiento económico de las Fuerzas Armadas, lo que pone en riesgo de subordinación al poder civil frente al estamento militar.

Sin embargo, el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf propuso sobreseer la impugnación debido a un error de estrategia legislativa por parte de la oposición. Los senadores combatieron el decreto original de noviembre de 2023, ignorando de forma jurídica que el texto ya había sido reformado por el Congreso de la Unión en diciembre de 2024, lo que dejó sin materia el análisis de los artículos combatidos y sepultó las intenciones de retirarle los fondos a la milicia.

Con el marco legal actual, la Defensa Nacional tiene garantizado un límite del 67% de los ingresos obtenidos por el derecho cobrado a visitantes extranjeros con fines turísticos, recursos destinados al fideicomiso de la empresa estatal Tren Maya para tareas de operación, administración, construcción y equipamiento. Asimismo, las recaudaciones por derechos aeroportuarios se concentrarán en la Tesorería de la Federación, dividiéndose en una aportación directa del 60% para la Sedena y el 40% restante para la Marina para el fortalecimiento del sistema aéreo.

Esta histórica resolución de la Suprema Corte llega en un contexto de alta tensión política por el control económico que ejercen los mandos militares sobre las obras emblemáticas del país. El fallo judicial blinda de manera definitiva las finanzas de las Fuerzas Armadas, consolidando su presencia operativa y administrativa en los sectores turísticos y estratégicos del territorio nacional.  Nota de referencia: Excelsior.