Un contundente e implacable paso hacia la legitimidad democrática y la protección de los derechos político-electorales de los pueblos originarios se consolidó de manera oficial en la región serrana. El municipio de Guachochi se convirtió en el escenario de un riguroso operativo institucional con el desarrollo de la Consulta Indígena enfocada en la verificación de constancias de autoadscripción calificada indígena, un mecanismo diseñado para garantizar que los espacios de representación popular correspondan legítimamente a las comunidades nativas.

La jornada contó con la participación enérgica de la Secretaria del Ayuntamiento, la Lic. Euridice Payán, quien acudió en representación del aparato gubernamental local para vigilar la transparencia de las mesas de trabajo. Esta estrategia de fiscalización democrática se ejecutó bajo un blindaje interinstitucional de alta escuela, operado en estricta coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Chihuahua y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), instancias que se encargaron de dar constancia jurídica y un seguimiento puntual a cada fase del ejercicio.

Las autoridades sentenciaron que estas acciones no son un simple trámite burocrático, sino una ofensiva institucional orientada a fortalecer de manera inalienable los derechos político-electorales de las etnias de la región. Con la revisión estricta de las constancias de identidad, el estado busca blindar y promover la verdadera inclusión social, asegurando una representación indígena genuina en las boletas y en las curules del servicio público.

Finalmente, durante el despliegue de la consulta en el territorio de Guachochi, se remarcó que este ejercicio respeta y consolida los principios internacionales de libre determinación y reconocimiento de la identidad cultural dentro de los procesos democráticos. El blindaje del padrón de autoadscripción calificada busca cerrar el paso a cualquier intento de simulación política, garantizando que la voz y las necesidades de la cuna del Humanismo en la Sierra Tarahumara sean escuchadas de manera directa y sin intermediarios abusivos en los próximos periodos gubernamentales.