Un contundente e implacable golpe militar sacudió las estructuras financieras del narcotráfico internacional, al ejecutarse una ofensiva de alta escuela en aguas profundas del territorio mexicano. Personal de la Secretaría de Marina (Semar), por conducto de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, desató una estrategia de choque que terminó con la captura de cinco criminales y el decomiso de un millonario cargamento de droga flotando aproximadamente a 195 millas náuticas al sur de las costas de Guerrero.

La línea de fuego de este operativo se activó con mano dura durante patrullajes permanentes de vigilancia marítima y aérea, trinchera desde la cual unidades navales detectaron una embarcación menor equipada con tres potentes motores fuera de borda que intentaba burlar la seguridad nacional. Al interceptar la nave y ejecutar una inspección con garras de hierro, los marinos sometieron a los cinco tripulantes y descubrieron ocultos un total de 13 bultos que contenían 829 kilogramos de presunta cocaína.

El búnker de la Armada de México tomó el control absoluto de la escena y trasladó de forma inmediata el cargamento ilícito y a los detenidos hacia el puerto de Acapulco. Tras leerles sus derechos constitucionales, las fuerzas federales iniciaron las coordinaciones de seguridad con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para poner a los delincuentes y la droga a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) a fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Para cerrar filas en este lunes 8 de junio de 2026, la Semar aplicó mano dura al revelar que este aseguramiento representa un golpe demoledor de 180 millones de pesos directos a la estructura operativa de los cárteles transnacionales, logrando evitar de forma implacable que 1.6 millones de dosis malditas envenenaran a la sociedad. Las autoridades concluyeron con orgullo que en lo que va de la presente administración ya suman más de 72 toneladas de cocaína incautadas en el mar, manteniendo una cacería inamovible para blindar el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.