La diputada federal chihuahuense Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa para reformar los artículos 115 y 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. La propuesta busca que el bloqueo de cuentas bancarias se realice estrictamente mediante una orden fundada y motivada por una autoridad judicial competente, cuando existan indicios documentados de vinculación con lavado de dinero o delincuencia organizada.

Entre los indicios objetivos para proceder al congelamiento se contemplan reportes de operaciones inusuales, inconsistencias graves entre ingresos declarados y movimientos financieros, transferencias con jurisdicciones de riesgo y esquemas de triangulación de recursos. La legisladora aclaró que la medida no tiene un fin sancionatorio, sino preventivo, para dotar al Estado de mecanismos de reacción inmediata que frenen la dispersión de fondos ilícitos.

La reforma introduce un mecanismo de defensa para los afectados, quienes podrán solicitar una audiencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en un plazo de diez días hábiles tras la notificación, la cual deberá atenderse en un máximo de treinta días. Con esto se busca equilibrar la eficacia en el combate al crimen financiero con el respeto al debido proceso y la seguridad jurídica. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.