Ciudad de México, 7 de abril de 2025. En el Senado de la República se llevó a cabo el “Foro legislativo por las niñas, niños y adolescentes marcados por la violencia”, donde especialistas, legisladoras y activistas coincidieron en la urgencia de establecer un marco legal integral para combatir el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado.

La senadora Laura Esquivel Torres, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, alertó sobre el creciente número de menores contactados a través de redes sociales y videojuegos por grupos criminales. Subrayó que este fenómeno constituye un grave problema nacional que requiere una respuesta legislativa apartada de intereses partidistas.

En su intervención, la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, presidenta de la Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, señaló que, según datos de UNICEF, seis de cada diez niñas, niños y adolescentes en México han sufrido algún tipo de violencia en sus hogares. Añadió que más de 10 mil menores han sido reclutados por grupos delictivos en los últimos años, de acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

La activista Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta, urgió a que se incorpore en el Código Penal el delito específico de reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. Planteó la necesidad de una estrategia integral que incluya la desmovilización de infancias ya involucradas en actividades criminales.

Niño de Rivera reveló que, conforme a datos de la Secretaría de Gobernación, las entidades con mayores niveles de reclutamiento infantil son Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México y Estado de México, mientras que en Sinaloa, Jalisco, Guerrero, San Luis Potosí y Coahuila la niñez enfrenta altos niveles de exposición a la violencia criminal.

“Tenemos testimonios de menores de entre ocho y diez años que son entrenados para cometer actos violentos, trasladar drogas o deshacerse de cuerpos”, denunció.

Añadió que dos de cada diez personas privadas de la libertad crecieron en entornos delictivos, y que la mayoría de adolescentes en conflicto con la ley tuvo contacto con grupos criminales desde sus comunidades.

Finalmente, la activista Paulina Amozurrutia hizo un llamado a generar campañas de sensibilización y prevención para proteger a la niñez y adolescencia en el país, y revertir la normalización de la violencia en sus entornos.