Este pacto busca transformar la respuesta institucional ante la violencia de género, asegurando que cada denuncia sea atendida con la debida diligencia y sin discriminación, eliminando los archivos injustificados de casos y fortaleciendo el castigo a los agresores en toda la entidad.

Durante el evento, la mandataria estatal destacó que este esfuerzo es una extensión del compromiso nacional por el respeto a las mujeres suscrito el año pasado. El convenio no solo se limita a la procuración de justicia, sino que integra una visión humanista que incluye la recuperación de estancias infantiles para fomentar la independencia económica, transporte público seguro y el uso de videovigilancia avanzada. Maru Campos informó que, gracias a la efectividad de la Fiscalía especializada, cerca de 600 violentadores han sido llevados ante la justicia, marcando un precedente en la lucha contra la impunidad en Chihuahua.

El acuerdo establece la creación de mesas de trabajo permanentes para actualizar protocolos de atención con perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos. Por su parte, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera, y la fiscal Wendy Chávez coincidieron en que el acceso a la justicia depende de una articulación eficaz entre quienes investigan y quienes juzgan. Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma que la seguridad de las niñas y mujeres es una prioridad absoluta, impulsando además reformas legales que cierren el paso a cualquier forma de revictimización en los procesos judiciales.