El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que la reciente reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública representa un "paso firme hacia una seguridad pública más justa, más profesional y más humana".

En su texto "Profesionalización", Monreal Ávila destacó que esta transformación se está logrando "por medio de leyes, con institucionalidad, con compromiso y poniendo en el centro de importancia a la gente". Aseguró que esta es la forma en que los poderes Ejecutivo y Legislativo trabajan para "garantizar bienestar y paz duradera al pueblo de México".

El legislador recordó que durante el periodo neoliberal, la seguridad pública en México se caracterizó por "el abandono, la improvisación y la fragmentación", sin una estrategia nacional unificada. Por ello, esta reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, no es una simple actualización, sino una "transformación estructural" que busca ordenar y elevar el nivel de quienes integran las instituciones de seguridad. El objetivo es asegurar que el trabajo policial se ejerza con preparación, humanismo, respeto y total compromiso con la ciudadanía.

Uno de los efectos más trascendentales de la reforma es la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Por primera vez en la historia de México, esta institución se encargará de formar, bajo criterios unificados, a policías, fiscales, personal penitenciario, mandos ministeriales y titulares de secretarías de Seguridad estatales.

Monreal Ávila enfatizó que esto significará el fin de la formación dispersa y la simulación, garantizando que quienes porten un uniforme o tomen decisiones en seguridad lo hagan con base en estándares nacionales, preparación técnica, formación ética y enfoque humanista. Esto busca asegurar que cada acción esté respaldada no solo por la ley, sino también por valores y el respeto a los derechos humanos.

Finalmente, la reforma también establece que las policías y fiscalías de todo el país deberán cumplir con requisitos mínimos de operación: contar con academias propias, fiscalías especializadas, servicios periciales, áreas de atención a víctimas y mecanismos de evaluación. "Se trata, en pocas palabras, de profesionalizar la seguridad pública desde abajo, desde los cimientos", concluyó Monreal.