El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, salió en defensa de su iniciativa de reforma al artículo 41 constitucional, la cual busca establecer de manera explícita la nulidad de una elección federal cuando se demuestre fehacientemente la intervención de un gobierno, organización o particular extranjero, y esta sea determinante para el resultado final. En rueda de prensa, el legislador sostuvo de manera enérgica que este mecanismo no es una ocurrencia ni busca perpetuar al partido en el poder, sino blindar la soberanía nacional.

Para justificar la viabilidad y urgencia de su propuesta, el coordinador de la bancada de Morena recurrió al derecho comparado y recordó que en septiembre de 2018, durante su primer mandato en Estados Unidos, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva de emergencia nacional bajo la misma premisa: “No toleraremos ninguna interferencia extranjera en nuestras elecciones”. Monreal detalló que aquel decreto norteamericano, vigente a la fecha, contempla sanciones severas, persecución a intentos de hackeo y el combate a la difusión clandestina de propaganda o desinformación digital operada desde el exterior por naciones como Rusia, Irán o China.

El legislador zacatecano argumentó que los artículos 35, 40, octavo y noveno de la Carta Magna ya prohíben de forma general la intervención extranjera en la vida política del país, pero acusó que la ley reglamentaria jamás se desarrolló. “¿Por qué no concederme esa posibilidad de que lo único que estoy haciendo es lo que todo el mundo está haciendo, de proteger las elecciones nacionales?”, cuestionó ante los medios de comunicación, añadiendo que figuras jurídicas similares operan con éxito y total normalidad democrática tanto en la Unión Europea como en diversos países de América Latina.

Respecto a la ruta legislativa para desahogar este paquete de reformas, Monreal adelantó que las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral sesionarán por separado para deliberar y aprobar los dictámenes tanto de la reforma constitucional como de las leyes reglamentarias, incluyendo la LEGIPE y el sistema de medios de impugnación. Para sortear el debate técnico sobre los tiempos de validez, el diputado explicó que se aplicará la figura jurídica de vacatio legis mediante un artículo transitorio, el cual condicionará la vigencia de las leyes secundarias hasta que la reforma a la Carta Magna concluya todo su proceso constitucional.

Finalmente, el líder de la mayoría parlamentaria delineó el calendario de trabajo en el pleno de San Lázaro para este periodo extraordinario, el cual contempla un despliegue de tres sesiones consecutivas. El debate arrancará formalmente en lo general con las iniciativas prioritarias, abriendo paso a jornadas maratónicas de discusión en lo particular y desahogo de reservas con el objetivo de concluir la votación total de las cuatro reformas y remitirlas de inmediato al Senado de la República como cámara revisora.