Masacran a políticos y empresarios en Zacatecas este fin de semana; mandan 400 militares.
Por Redacción · 20 de julio, 2026
El estado de Zacatecas entró en alerta máxima tras la activación de un intenso blindaje militar y policial diseñado para frenar una ola de violencia que cobró la vida de al menos diez hombres durante el fin de semana. Más de 400 efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal asumieron el despliegue terrestre y aéreo con el objetivo de desarticular a las células delictivas responsables.
El detonante del operativo oficial fue el hallazgo simultáneo de diez cuerpos con impactos de bala y huellas de tortura en los municipios de Pánuco, Morelos y Saín Alto, de los cuales cinco fueron encontrados colgados de un puente. En el sitio de los hechos las autoridades localizaron una cartulina con mensajes presuntamente vinculados con un grupo de la delincuencia organizada.
La Fiscalía General de Justicia del Estado reveló que las líneas de investigación apuntan a posibles actos de extorsión y colusión de servidores públicos. El titular de la dependencia, Cristian Paul Camacho Osnaya, detalló que los exámenes toxicológicos realizados a las víctimas arrojaron indicios de consumo reciente de narcóticos en cinco de ellas, incluidos dos funcionarios locales.
La conmoción social escaló al confirmarse que el perfil de las víctimas correspondía a miembros de la política local, el sector empresarial y el ramo ganadero, casi todos relacionados con el municipio de Fresnillo. Entre los identificados se encuentran Ignacio Castrejón, expresidente municipal de Sombrerete y constructor; Fidel Alvarado, secretario de Desarrollo Social de Fresnillo; Gerardo Muñetón, bombero municipal; tres empresarios de la construcción y dos dueños de bares.
Las dos víctimas restantes eran originarias de Durango: José Ángel, un ganadero radicado en Jiménez del Teul, y Andrés Vázquez, exregidor y exdirector de la Policía de Canatlán. Los bloques de la oposición y representantes de cámaras empresariales exigieron una revisión urgente a la estrategia de seguridad pública, advirtiendo que la violencia frena el desarrollo económico e inhibe los proyectos de inversión en la región.
