La diputada Nancy “La China” Frías, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa con carácter de decreto que propone un paquete integral de reformas para fortalecer el marco jurídico del estado, incrementar penas y garantizar protección inmediata a mujeres, niñas, niños y adolescentes frente al abuso sexual y la violencia vicaria.

La propuesta fue presentada en congruencia con el convenio firmado por la gobernadora Maru Campos dentro del Plan Nacional para la homologación del marco jurídico en el combate a las violencias, con el objetivo de alinear la legislación estatal de Chihuahua a los estándares nacionales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia.

La iniciativa plantea modificaciones al Código Penal del Estado de Chihuahua, así como a la Ley de Víctimas, la Ley del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Movilidad y la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de dotar al Estado de herramientas jurídicas más claras y eficaces para sancionar estos delitos y prevenir la impunidad.

En el ámbito penal, el paquete de reformas incrementa las penas, incorpora agravantes específicas y fortalece las sanciones cuando los delitos se cometen contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, particularmente en contextos de confianza, autoridad o cuidado. Asimismo, se establece la persecución de oficio, la imprescriptibilidad en casos de víctimas menores de edad y sanciones más severas cuando los hechos ocurren en espacios públicos o institucionales, como el transporte.

Desde el enfoque jurisdiccional, la propuesta refuerza las facultades de juezas y jueces para dictar medidas de protección inmediatas, suspender convivencias cuando exista riesgo para niñas y niños y evitar el uso de procesos legales como mecanismos de violencia vicaria.

En la Ley de Víctimas, se consolida un esquema de atención especializada y reparación integral del daño, con protocolos obligatorios y acompañamiento jurídico y psicológico, con el propósito de evitar la revictimización durante los procesos de denuncia.

Finalmente, la iniciativa fortalece las obligaciones de las instituciones educativas, de salud, de seguridad y de procuración de justicia, incorpora protocolos obligatorios contra el abuso sexual y la violencia vicaria en el transporte público y refuerza las acciones de prevención y capacitación, en armonización con la estrategia nacional para erradicar todas las formas de violencia.