Nueva reforma que facilita a las empresas defenderse ante el SAT.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados dio un paso crucial para corregir las recientes fricciones en el sistema tributario mexicano. Con 26 votos a favor, se aprobó el dictamen que reforma el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca eliminar las "camisas de fuerza" impuestas a finales del año pasado sobre cómo los ciudadanos y empresas aseguran sus créditos fiscales.
El núcleo de esta reforma es la flexibilidad. Hasta ahora, el sistema obligaba a los contribuyentes a seguir un orden estricto (prelación) para garantizar sus deudas ante el Estado, lo que a menudo asfixiaba la liquidez de las empresas al exigir colaterales difíciles de movilizar. Con el nuevo cambio, el catálogo de garantías vuelve a ser opcional y sin un orden obligatorio, permitiendo que cada persona elija la modalidad que mejor se adapte a su realidad financiera —ya sea prenda, hipoteca, fianza o depósito— mientras ejerce su derecho a defenderse legalmente de un cobro.
Además de la libre elección, la reforma elimina la engorrosa obligación de acreditar la capacidad económica para acceder a ciertas modalidades de garantía. Según el diputado Carol Antonio Altamirano y funcionarios de la Secretaría de Hacienda, esto no solo reduce la discrecionalidad de la autoridad, sino que disminuye significativamente los litigios, ya que el proceso se vuelve más ágil y transparente. La medida fue celebrada por diversas bancadas como una corrección necesaria a un esquema que se había vuelto "lento, burocrático y persecutorio", devolviendo la confianza a los inversionistas y facilitando la operación diaria de los negocios en México.
Beneficios clave de la Reforma:
- Libertad de elección: El contribuyente decide cómo garantizar su adeudo (fianza, hipoteca, depósito, etc.).
- Adiós a la burocracia: Ya no es necesario demostrar capacidad económica para elegir una modalidad.
- Mayor liquidez: Evita que las empresas bloqueen activos críticos por rigideces administrativas.
- Seguridad Jurídica: Reduce el margen de interpretación y "terrorismo" por parte de la autoridad fiscal.
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