Un contundente e implacable golpe a la corrupción y a las estructuras de poder político fue sentenciado desde el corazón del Gabinete de Seguridad. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó con mano dura que absolutamente todos los funcionarios o exfuncionarios involucrados en actividades delictivas serán investigados y detenidos con rigor, dejando claro que las acciones de justicia no se detendrán por colores partidistas ni por el nivel del cargo público.

La cacería contra la delincuencia de cuello blanco y los nexos criminales ya arroja un impacto brutal en lo que va de la actual administración. El funcionario federal reveló que las fuerzas de seguridad han logrado capturar a 85 servidores públicos espurios, entre los cuales se encuentran siete presidentes municipales que se mantenían en plenas funciones al momento de su detención a través de operativos de choque coordinados.

A la par de la purga política, el blindaje de la SSPC se ha extendido al combate internacional de las células delictivas con el envío de 92 objetivos prioritarios hacia los Estados Unidos entre 2025 y este mayo de 2026. Asimismo, las brigadas operativas lograron el decomiso masivo de cerca de 30 mil armas de fuego, alertando con firmeza que el 78% de este armamento letal ingresó de contrabando desde la frontera norte.

La ofensiva financiera del Gabinete de Seguridad, operada en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), asestó un calvario económico a las mafias. Las autoridades sentenciaron la inclusión de 1,422 personas a la lista de Personas Bloqueadas, inmovilizando la estratosférica cifra de más de 4 mil millones de pesos, desmantelando de raíz la capacidad operativa de las facciones criminales sin distinción de cárteles.

García Harfuch cerró filas defendiendo una tendencia histórica basada en inteligencia y despliegue territorial definitivo, presumiendo una reducción preliminar del 49% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y este mes de mayo de 2026. Esta implacable estrategia nacional se complementa con el encarcelamiento de alrededor de 54 mil 300 criminales por delitos de alto impacto, garantizando que el actual gobierno federal actuará sin sesgos ni tregua para arrancar la violencia de las calles.