Un golpe contundente a las redes del narcotráfico que operan por la vía aérea se registró tras un exitoso operativo conjunto entre elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), logrando incautar un cargamento de aproximadamente 52 kilogramos de probable cocaína en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California.

La detención y el decomiso fueron el resultado directo de minuciosos trabajos de investigación de campo y gabinete enfocados en el combate a los delitos contra la salud. Dichas labores de inteligencia permitieron a los agentes federales detectar movimientos sumamente sospechosos relacionados con el trasiego de sustancias ilícitas en los vuelos comerciales que operan en la citada terminal aérea.

Ante la alerta, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la SSPC se desplegaron estratégicamente en las inmediaciones del aeropuerto, ubicado en la colonia Nueva Tijuana, donde iniciaron estrictas labores de vigilancia e inspección en las zonas clave de flujo de pasajeros.

La pieza fundamental para el éxito de la misión fue un binomio canino especializado en la detección de narcóticos, el cual realizó una minuciosa revisión olfativa en el área de equipaje. El ejemplar canino marcó de manera positiva y contundente dos maletas pertenecientes a dos masculinos identificados como Adalberto "N" y Juan "N", quienes acababan de arribar en un vuelo procedente de Tapachula, Chiapas.

Al abrir las maletas sospechosas, los agentes federales descubrieron un total de 50 paquetes compactos que contenían la sustancia blanca con las características propias de la cocaína, arrojando el peso mencionado. De inmediato se procedió al aseguramiento de la droga y a la detención en flagrancia de ambos individuos por su presunta participación en delitos contra la salud.

Las áreas de inteligencia ya analizan este modus operandi para identificar posibles vínculos con organizaciones criminales de mayor escala, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente bajo el principio legal de presunción de inocencia.