La Comisión de Justicia, presidida por Javier Corral Jurado, encabezó la primera mesa de discusión sobre las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, enfocadas en la seguridad judicial.

Corral advirtió que la figura de jueces con identidad reservada debe regularse con extrema cautela, bajo criterios estrictos de excepcionalidad, temporalidad y controles periódicos. Subrayó que solo aplicaría en delitos de delincuencia organizada y no en la legislación ordinaria, además de requerir motivación reforzada y revisiones constantes.

El legislador también alertó que México no puede ignorar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos al momento de reglamentar esta figura, pues hacerlo implicaría contradecir compromisos internacionales.

La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y busca, según se explicó, proteger a juzgadores ante amenazas del crimen organizado. Sin embargo, las posturas encontradas marcaron el debate.

Desde el PAN, María Guadalupe Murguía Gutiérrez calificó la medida como violatoria de derechos, al considerar que toda persona procesada debe conocer la identidad del juez que la juzga. Además, advirtió el riesgo de que pueda utilizarse contra “personas políticamente incómodas”.

Por el PVEM, Luis Alfonso Silva Romo sostuvo que existen dos visiones claras: quienes ven la figura como necesaria ante el riesgo real que enfrentan los jueces y quienes la consideran lesiva, por lo que llamó a construir un esquema garantista que no vulnere el debido proceso.

En tanto, Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, señaló que aunque se debe proteger a las personas juzgadoras, la propuesta presenta sesgos políticos y podría ser inconvencional frente a estándares internacionales.

Organizaciones civiles también alzaron la voz. María Luisa Aguilar Rodríguez, del Centro Prodh, afirmó que el anonimato judicial no es compatible con un juicio justo, pues impedir conocer la identidad del juez vulnera la posibilidad de cuestionar su independencia e imparcialidad.

Especialistas como Cristina Reyes Ortiz y Mercedes Carbonell Peláez coincidieron en que la medida es riesgosa y podría abrir la puerta a prácticas autoritarias si no se establecen estándares rigurosos para acreditar que el riesgo es real, actual y grave.

En contraste, Rubén Pacheco Inclán consideró viable la figura ante el alto nivel de amenazas contra operadores de justicia, pero planteó la creación de un comité ético que autorice, caso por caso, la reserva de identidad.

El debate apenas inicia, pero el tema ya divide opiniones entre quienes lo ven como un escudo contra el crimen organizado y quienes lo consideran un posible golpe al debido proceso y a los derechos fundamentales.