Caos judicial en el estado: Denuncian retrasos masivos y nula experiencia de juzgadores electos.

A pocos meses de haber asumido sus cargos tras la histórica elección judicial en Chihuahua, los nuevos juzgadores ciudadanos ya acumulan un historial de quejas administrativas debido a un deficiente desempeño institucional y a la emisión de fallos incongruentes.

De acuerdo con datos publicados por el portal periodístico La Verdad, entre septiembre del año pasado y abril de 2026, la ciudadanía ha interpuesto un total de 38 denuncias contra estos funcionarios de reciente ingreso. Esta cifra representa casi el 15 por ciento del total de las quejas registradas ante el Poder Judicial del Estado desde enero de 2024. Los señalamientos abarcan juzgados de las materias Familiar, Civil, Laboral y Penal, incluyendo tribunales de Enjuiciamiento y el especializado en Violencia de Género.

Ante la acumulación de irregularidades, el Comité de Transparencia del Poder Judicial local clasificó toda la información sobre las denuncias y su seguimiento como reservada por un periodo de cinco años. La autoridad argumentó que la medida busca proteger la reputación de los servidores públicos contra acusaciones que todavía no han sido plenamente probadas en las instancias correspondientes.

Especialistas jurídicos y litigantes coinciden en que el origen del problema radica en los laxos requisitos de elegibilidad aprobados en la reforma judicial, los cuales permitieron el arribo de perfiles carentes de carrera judicial y experiencia técnica. José Armando Alonso González, expresidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, expuso que este desconocimiento normativo provoca un limitado criterio jurídico en las audiencias y retrasos graves en materias Civil y Familiar, donde la emisión de acuerdos tarda mes y medio en lugar de los tres días legales.

La falta de pericia e insensibilidad de los nuevos juzgadores quedó evidenciada en denuncias específicas ante el Tribunal de Disciplina Judicial, como la detallada por el medio de comunicación en el caso de Fernanda, quien denunció al juez Sexto Familiar por Audiencia, José Miguel Arellano Sosa. El juzgador otorgó de oficio la custodia provisional de un menor de siete años a su padre, a pesar de que el hombre declaró no tener tiempo para cuidarlo, e impuso a la madre una pensión alimenticia del 25 por ciento de su sueldo, ignorando videos de agresiones y denuncias previas por violencia familiar.

Nota de referencia: Eje Central.