Al menos 50 productores agrícolas de riego promovieron amparos contra la nueva Ley General de Aguas Nacionales, al señalar que la legislación federal impide la relocalización y actualización de concesiones de pozos para el aprovechamiento de aguas subterráneas en zonas donde los acuíferos están agotados o sobreexplotados.

De acuerdo con estimaciones del sector, una vez que se cumplan los 180 días posteriores a la publicación de la ley, alrededor de 900 campesinos podrían recurrir a este recurso legal sólo en Zacatecas, con el objetivo de protegerse de las afectaciones que prevé la norma.

Alberto de Santiago Murillo, dirigente de la Asociación de Agricultores en Áreas de Pozos de Riego en Zacatecas, informó que existe incertidumbre entre los productores ante los acuerdos que puedan alcanzarse en la mesa de trabajo programada para el 12 de enero en la Ciudad de México, donde participarán como parte del Frente Nacional por la Defensa del Campo Mexicano.

Denunció que varios productores ya se han amparado durante la renovación de sus títulos de concesión, mientras que otros mantienen detenidos trámites de sucesiones, transmisiones y procesos técnicos, como reposiciones o relocalizaciones de pozos, debido a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) suspendió y congeló estos procedimientos.

El líder agrícola explicó que los amparos se promovieron porque muchos productores quedaron en un estado de indefensión jurídica, situación que será uno de los temas centrales a discutir con las autoridades federales.

Aunque reconoció que durante la discusión de la ley el gobierno federal realizó ajustes en beneficio del sector, señaló que quedaron pendientes varias reservas importantes, entre ellas la suspensión de concesiones y actividades en regiones con acuíferos sobreexplotados.

Detalló que en Zacatecas, de los 34 acuíferos existentes, 22 están clasificados como sobreexplotados, lo que provoca que cualquier trámite relacionado con pozos sea improcedente, ya que la ley prohíbe nuevas obras en estas condiciones.

Finalmente, De Santiago Murillo criticó que el gobierno federal no haya realizado estudios hídricos profundos en todas las cuencas del país y denunció un trato desigual, ya que grandes industrias como refresqueras, cerveceras y mineras continúan extrayendo grandes volúmenes de agua. Exigió que la ley se aplique de manera equitativa y no sólo al sector campesino.

Nota referencia: La Jornada.