La propuesta plantea prohibir el uso de teléfonos móviles dentro del horario escolar, salvo en casos específicos como actividades pedagógicas previamente autorizadas, razones de salud o situaciones de discapacidad debidamente acreditadas.

De la Mora Torreblanca explicó que la iniciativa contempla que la autoridad educativa emita lineamientos claros para establecer las excepciones permitidas, así como criterios de resguardo y apagado de los dispositivos, mecanismos de comunicación con madres y padres de familia, y protocolos de actuación para personal docente y directivo.

En la exposición de motivos, el legislador precisó que el objetivo no es limitar el acceso a la tecnología en las escuelas, sino regular el uso de celulares para favorecer la interacción social, la atención en clase y actividades de esparcimiento acordes a la edad, reduciendo la exposición a redes sociales y contenidos que puedan afectar el desarrollo de las y los estudiantes.

Aseguró que esta medida no implica un aislamiento de las y los alumnos respecto a sus familias, ya que se deberán garantizar canales de comunicación permanentes durante la jornada escolar.

La iniciativa prioriza el interés superior de la niñez al buscar entornos educativos libres de distracciones y riesgos. De acuerdo con datos de la UNESCO citados en el documento, el uso excesivo de dispositivos móviles en el aula puede disminuir la concentración y reducir hasta en un 20 por ciento la retención de información.

Asimismo, se advierte que el uso inadecuado de celulares está relacionado con afectaciones al bienestar emocional, como la disminución de la convivencia presencial, saturación de información, exposición a contenidos inapropiados y el incremento de casos de ciberacoso y acoso digital.

Finalmente, el diputado subrayó que incluso la sola presencia del dispositivo puede interferir con la atención del alumnado, por lo que diversos países han adoptado medidas similares para garantizar espacios escolares más seguros. La iniciativa, que propone reformas a los artículos 9, 84 y 113 de la Ley General de Educación, fue turnada a la Comisión de Educación para su análisis.