Un duro e indignante golpe amenaza con dejar en el desamparo absoluto a las miles de víctimas de la violencia criminal que se han visto obligadas a huir de sus hogares en México. Este lunes, la ministra María Estela Ríos propondrá al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desconocer de manera tajante cualquier responsabilidad u obligación del Estado para crear un organismo que atienda el grave fenómeno del desplazamiento forzado interno.

El polémico proyecto de sentencia busca negarle el amparo a una organización no gubernamental que exige la creación de dicho órgano técnico, basándose en una recomendación emitida desde el año 2013 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La propuesta de la ministra Ríos concluye de manera fría que el Estado mexicano no tiene ninguna obligación legal de acatar las resoluciones de dicho organismo internacional.

Bajo este argumento, la ministra refiere que ni la Presidencia de la República, ni la Secretaría de Gobernación, ni la Secretaría de Hacienda están obligadas a adoptar medidas, diseñar políticas públicas o asignar un presupuesto para atender a las familias desplazadas por los cárteles y la delincuencia. El texto señala textualmente que las recomendaciones de la CIDH carecen de fuerza vinculante dentro del orden jurídico nacional y, por ende, no se puede exigir su cumplimiento.

Aunque el propio proyecto reconoce que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado la gravedad del desplazamiento forzado como una tragedia que lesiona simultáneamente múltiples derechos fundamentales —como la libertad de circulación y el derecho a elegir libremente la residencia—, la ministra insiste en que esto no justifica la creación del organismo solicitado. El caso será debatido y votado este lunes en el máximo tribunal del país, en medio de una profunda crisis humanitaria que azota a diversas regiones de la República.

 Nota de referencia: El Financiero.