Una intensa batalla legal se ha desatado en todo el país tras la reforma a la Ley Aduanera que impone a los agentes aduanales obligaciones de fiscalización similares a las de los servidores públicos. El núcleo del conflicto radica en la nueva exigencia de presentar una declaración patrimonial anual, una medida que ha provocado una ola de amparos por parte de particulares y empresas del sector que consideran esta imposición como un exceso constitucional. Mientras que en la Ciudad de México se tramitan al menos 40 juicios, la cifra se multiplica en el resto de la República, reflejando un rechazo generalizado a las disposiciones que entraron en vigor tras la reforma del pasado noviembre.

La controversia ha dividido los criterios de jueces y tribunales federales, generando una incertidumbre jurídica que ya llegó a las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por un lado, el Noveno Tribunal Colegiado Administrativo ha sostenido que los agentes aduanales son profesionales con una patente estatal y no funcionarios públicos, por lo que obligarlos a transparentar su evolución patrimonial carece de un fin constitucional válido y vulnera su naturaleza de auxiliares del Gobierno. Sin embargo, jueces como Martín Santos han negado las suspensiones bajo el argumento de que la actividad aduanera es estratégica para el Estado, vinculada directamente con la recaudación de impuestos y la prevención del contrabando, lo que justifica un control y supervisión estrictos.

Ante esta disparidad de opiniones, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció la contradicción ante la Suprema Corte, la cual inició el trámite el pasado 20 de abril para emitir la jurisprudencia que definirá el futuro de esta obligación. La declaración en disputa no es un trámite menor, ya que exige el desglose detallado de ingresos, bienes inmuebles, vehículos, inversiones y hasta información privada de parejas y dependientes económicos, todo de forma presencial ante las oficinas del fisco. Además de la transparencia de sus carteras, los agentes también combaten otras medidas como la responsabilidad solidaria por impuestos omitidos y la obligación de integrar expedientes con fotografías de las instalaciones de sus clientes.

Nota referencia: Reforma.