Con esta modificación, impulsada originalmente por el diputado Óscar Daniel Avitia, se establece que bastará con tener la mayoría de edad (18 años) para acceder al cargo, siempre que se cuente con la preparación académica necesaria, garantizando así el derecho a la igualdad y la no discriminación para los profesionales del Derecho recién egresados.

La diputada Jael Argüelles Díaz, en representación de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presentó el dictamen ante el Pleno resaltando que las restricciones de edad carecían de una justificación jurídica proporcional a las capacidades requeridas para el puesto. Durante la sesión, se argumentó que imponer límites de 25 o hasta 30 años, como se exigía anteriormente para la Primera Secretaría de Acuerdos, constituía una barrera injustificada que ignoraba la capacidad profesional individual. La reforma se fundamenta en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales dictan que la edad cronológica no determina por sí misma la aptitud para el servicio público.

Esta adecuación legislativa al artículo 19 de la mencionada ley permite que las y los jóvenes titulados en Derecho compitan por espacios dentro del Poder Judicial administrativo en condiciones de paridad. Al derogar los párrafos que fijaban edades mínimas elevadas, el Congreso de Chihuahua busca aprovechar el ímpetu y la actualización académica de las nuevas generaciones, asegurando que el acceso al empleo se base exclusivamente en el mérito y la formación profesional. Con esta medida, el estado se alinea con los principios constitucionales de vanguardia, eliminando prejuicios que limitaban el crecimiento laboral de la juventud chihuahuense.