El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está incentivando la detención de migrantes a través de un sistema de bonificaciones económicas para agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Sindicatos policiales y un agente activo de CBP han revelado que estos bonos varían desde mil dólares (aproximadamente 28 mil pesos mexicanos) hasta 7 mil 500 dólares (cerca de 140 mil 525 pesos) por volumen de detenciones y participación en operativos de alta sensibilidad.

La nueva ley fiscal, aprobada por un estrecho margen en julio bajo control conservador, destinó 30 mil millones de dólares específicamente para operaciones de arresto y deportación. Este monto incluye fondos explícitos para contratar a 10 mil agentes adicionales y "retener al personal actual mediante bonificaciones y atraer agentes retirados". En total, el paquete legislativo canalizó 170 mil millones de dólares a seguridad fronteriza y control migratorio, y 75 mil millones adicionales para ICE, convirtiéndola en la agencia mejor financiada del gobierno federal.

Según fuentes internas y sindicatos en Texas y Florida, los agentes migratorios reciben bonos mensuales por volumen de detenciones. En zonas de alta prioridad como Arizona, California y el sur de Florida, los pagos pueden superar los 7 mil 500 dólares si el agente participa en redadas nocturnas u operativos sensibles. En Texas, los bonos por superar 15 arrestos semanales pueden alcanzar hasta 4 mil 500 dólares mensuales (84 mil 300 pesos), y en Florida, llegan a 6 mil dólares (112 mil pesos) si las detenciones se realizan en "zonas no colaborativas" como hospitales, templos, universidades o tribunales.

Un agente activo de CBP, bajo anonimato, reveló a El Universal: "Hay días en los que nos dicen 'hoy toca arrestar, no preguntar'. Si alguien parece migrante y no tiene papeles a la vista, lo detenemos. Luego veremos si tiene visa o no. Lo que cuenta es que tenemos que llegar a las cifras, porque el bono depende de eso". Este testimonio coincide con documentos internos que instan a "maximizar eficiencias de campo" para obtener incentivos.

La implementación de bonos por arresto ha generado conflictos constitucionales. Juristas como Deborah Weissman han señalado que este modelo viola el principio de presunción de inocencia y promueve detenciones sin causa probable. Varias demandas colectivas presentadas en mayo y julio están impugnando este sistema, alegando violaciones a derechos fundamentales y a la legalidad administrativa.

Nota referencia: El Universal.