Un contundente e implacable golpe de justicia social sacudió las estructuras de la marginación en la capital, luego de que el Gobierno del Estado ejecutara una ofensiva de asistencia integral para blindar el bienestar de los pueblos originarios. A través de las garras de hierro de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) y en total coordinación con diversas dependencias, se consolidó la entrega masiva de paquetes alimenticios del programa estratégico “Juntos Por Nuestra Identidad”, arropando de golpe a 300 habitantes de los asentamientos Napawika, La Soledad y Vistas de Cerro Grande.

La línea de fuego de esta intervención comunitaria no se limitó al abasto alimentario, sino que instaló un búnker de servicios institucionales inmediatos para triturar el rezago administrativo y de salud que golpea a estas familias. Con mano dura contra la exclusión, las y los asistentes tomaron el control de los módulos para acceder de forma prioritaria a consultas y afiliaciones de MediChihuahua, trámites urgentes del Registro Civil, asesoría e información del Servicio Estatal de Empleo y el proceso de credencialización para el sistema de transporte Bowí.

El despliegue operativo de alta escuela contó con la participación directa de los mandos del gabinete estatal, encabezados por el titular de la SPyCI, Enrique Rascón; el secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña; el secretario de Salud, Gilberto Baeza; y el secretario del Trabajo y Previsión Social, Diódoro Siller. Asimismo, la trinchera comunitaria estuvo respaldada por las autoridades tradicionales, representadas con fuerza por Yolanda Hernández, gobernadora indígena de Vistas de Cerro Grande, y Raúl Fierro, gobernador indígena de Napawika.

Para cerrar filas en este lunes 8 de junio de 2026, la administración estatal refrendó su postura inamovible de no dar un solo paso atrás en la edificación de entornos dignos para las comunidades indígenas. Los funcionarios concluyeron de forma enérgica que estas acciones de choque forman parte de un compromiso histórico para mantener políticas públicas agresivas que aceleren el desarrollo integral de las etnias locales, sentenciando que mantendrán la cacería de soluciones para garantizar que hasta el último rincón de los asentamientos originarios cuente con una calidad de vida completamente blindada.