En su informe final, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detalló las acciones realizadas para fortalecer la transparencia y combatir la corrupción, de cara a la nueva etapa del Poder Judicial. La presidenta saliente, Norma Piña, aseguró que se contrató fiscalización externa y se adelantaron auditorías para dejar la administración sin pendientes.

A pesar de los esfuerzos, el informe revela que la SCJN dejará varias investigaciones de corrupción por concluir, entre ellas:

• 15 mecanismos de fiscalización y 13 acciones preventivas por posibles irregularidades administrativas.
• 76 expedientes pendientes de resolución en la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA).
• 188 expedientes en trámite relacionados con declaraciones patrimoniales.

El informe destaca que las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y un despacho externo a los fideicomisos de la Corte no emitieron observaciones ni detectaron irregularidades. Incluso, se logró la recuperación de 1.6 millones de pesos por pagos indebidos y penalizaciones.

Sin embargo, en el informe se reconoce que hay 11 casos en los que se halló responsabilidad administrativa en servidores públicos, pero no se impuso sanción. Se presume que estos casos podrían estar relacionados con la denuncia contra servidores públicos vinculados al expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar.

Este informe marca el cierre de una SCJN con 30 años de funcionamiento, justo antes de que los nuevos integrantes, elegidos por voto popular, tomen posesión de sus cargos el próximo 1 de septiembre. El documento de Piña subraya el compromiso de la Corte con la función jurisdiccional, los derechos humanos, la igualdad de género y la lucha contra la corrupción.

Nota referencia: Expansión política.