A 17 años del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por unanimidad que los delitos cometidos en la tragedia —donde fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos— son imprescriptibles. Esta resolución judicial establece que las acciones penales derivadas de los hechos del 5 de junio de 2009 no pueden extinguirse por el paso del tiempo, lo que faculta al Ministerio Público para investigar y perseguir a más exfuncionarios vinculados.

El fallo del pleno del máximo tribunal se dio al resolver el amparo en revisión 648/2024, promovido por Sergio Antonio Salazar Salazar, quien se desempeñó como director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre 2006 y 2009. El exfuncionario, detenido en 2020 y vinculado a proceso por homicidio y lesiones culposas por omisión, argumentaba que la acción penal en su contra había prescrito desde septiembre de 2019; sin embargo, los tribunales federales le negaron la razón.

El proyecto avalado fue presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien concluyó que el siniestro y la omisión del Estado en su deber de cuidado constituyeron graves violaciones a los derechos de la infancia. Durante la sesión, que motivó un minuto de silencio en el pleno por las víctimas, los ministros coincidieron en que el deber de buscar la verdad y sancionar no caduca con los años cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos, honrando así la memoria de los menores afectados.

Tras la resolución de la SCJN, el expediente fue devuelto al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Dicho órgano jurisdiccional deberá emitir una nueva sentencia de amparo bajo el criterio de imprescriptibilidad fijado por la Suprema Corte, procediendo a analizar el resto de los argumentos técnicos expuestos por la defensa del exfuncionario contra su vinculación a proceso.