El Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados una minuta que busca reformar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. La iniciativa está enfocada en proteger a los usuarios, estableciendo nuevas reglas estrictas para la cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito por parte de entidades financieras y comerciales. El documento ha sido turnado a las Comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos para su análisis.

La propuesta legislativa establece que las entidades bancarias y comerciales no podrán cobrar comisiones por seguros, membresías o beneficios adicionales sin el consentimiento expreso y previo del usuario en el contrato de adhesión. Se precisa que en ningún formulario de contratación se podrá generar un cargo o comisión sin la aprobación clara del cliente.

Una de las adiciones más significativas es la obligación de garantizar al usuario el derecho de cancelar sus tarjetas de manera sencilla. Para ello, se deberán ofrecer mecanismos presenciales, telefónicos y digitales, incluyendo un botón visible y de acceso directo en aplicaciones móviles y portales web, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

La minuta detalla los siguientes plazos y prohibiciones esenciales:

• Plazo de Cancelación: La cancelación de la tarjeta deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la solicitud del usuario.
• Costo Cero: La cancelación será sin costo alguno para el cliente.
• Prohibiciones: Se prohíbe expresamente cualquier cargo, comisión o penalización asociada a la cancelación.
• Historial Crediticio: No se podrán generar cargos por anualidad o comisiones posteriores a la cancelación, y el historial crediticio o la falta de uso no podrá ser reportado negativamente a sociedades de información crediticia.

Finalmente, las entidades financieras estarán obligadas a reembolsar los cargos indebidos derivados de dichas tarjetas en un plazo máximo de cinco días hábiles tras el reporte del usuario.