En un movimiento que busca poner fin a las décadas de abusos en el sector inmobiliario, el Pleno del Senado aprobó un decreto que obliga al ISSSTE a elevar sus estándares de financiamiento. La reforma establece que no basta con entregar un techo; ahora, las viviendas deben cumplir con criterios estrictos de habitabilidad, asegurando que los hogares protejan contra el clima extremo y no representen un riesgo para la salud de las familias mexicanas que sirven al Estado

La senadora Gina Campuzano advirtió que esta medida es un escudo contra el fraude y la intimidación en la tenencia de la tierra. La ley ahora exige seguridad jurídica plena para que nadie pueda arrebatar el patrimonio a los trabajadores mediante engaños, además de garantizar que servicios vitales como el agua potable y la luz eléctrica sean una realidad constante y no un lujo que dependa de pipas o instalaciones deficientes en zonas marginadas

Por su parte, la senadora Rocío Corona Nakamura subrayó que el ISSSTE maneja presupuestos superiores a los 32 mil millones de pesos en créditos, dinero que ya no podrá usarse para financiar viviendas ubicadas en "zonas de castigo" lejos de escuelas y centros de trabajo. Esta reforma se alinea con la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para congelar mensualidades y reducir cargas financieras, asegurando que el trabajador reciba una propiedad digna a cambio de su esfuerzo y no una deuda eterna por una construcción de mala calidad