Trampa mortal en el Santuario: Citó a su víctima para comprarle una RAM y terminó ejecutándola.
Una supuesta transacción comercial terminó en una tragedia que hoy encuentra justicia tras un proceso penal implacable. Edgar Antonio L. A. ha sido sentenciado a pasar 30 años en prisión luego de que la Fiscalía de Distrito Zona Centro demostrara su responsabilidad en el sangriento homicidio de Andrés S. G., ocurrido en mayo de 2025. El hoy sentenciado, en complicidad con otro sujeto, diseñó un plan letal bajo la fachada de una compra-venta de un vehículo de lujo, citando a su víctima en el emblemático Santuario de Guadalupe en la ciudad de Chihuahua para arrebatarle no solo su patrimonio, sino la vida de manera violenta.
Los hechos que estremecieron a la capital del estado se desencadenaron la tarde del 8 de mayo, cuando la víctima acudió al punto de encuentro con la confianza de concretar la venta de su pick up Dodge RAM modelo 2019 de color plata. Sin embargo, lejos de una negociación, se encontró con una emboscada donde los agresores abordaron la unidad y sometieron a Andrés con extrema brutalidad. Tras cometer el homicidio para consumar el robo del vehículo, los criminales se trasladaron hasta las inmediaciones de la presa El Rejón, donde abandonaron el cuerpo sin vida en una zona despoblada detrás de los fraccionamientos Carlota y Hacienda Sofía, para posteriormente emprender una huida hacia la ciudad de Cuauhtémoc.
La contundencia de las pruebas presentadas por la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas fue tal que el imputado no tuvo más opción que aceptar su culpabilidad bajo la causa penal 1860/2025. Ante el peso de la investigación ministerial, se solicitó la terminación anticipada del proceso, derivando en la condena dictada por el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos. Además de las tres décadas que deberá purgar tras las rejas, el sentenciado fue obligado a pagar la suma de 1 millón 410 mil 728 pesos como reparación del daño, cerrando así un capítulo de impunidad y reafirmando el compromiso de las autoridades con el debido proceso en delitos de alto impacto.
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