La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que con la conclusión de la huelga de Cananea, tras 18 años de resistencia, se avanza en un modelo de desarrollo centrado en la justicia social y ambiental, con la participación activa del Estado mexicano.

Explicó que el Gobierno federal y estatal trabajaron de manera coordinada para resolver el conflicto laboral iniciado en 2007, así como para atender las afectaciones provocadas por el derrame en el Río Sonora ocurrido en 2014. Actualmente, dijo, ya se están cubriendo de manera directa las indemnizaciones a los mineros, viudas y familias afectadas.

Rodríguez subrayó que este proceso no se trató únicamente de recursos económicos, sino de reconocer la dignidad de los trabajadores. Destacó que el gobierno escuchó y atendió las demandas para resolver una de las huelgas más largas en la historia del país.

Recordó que en 2021 se puso en marcha el Plan de Justicia para Cananea, el cual contempla cinco ejes principales: trabajo digno, atención médica gratuita, mejoramiento urbano, bienestar social y salud ambiental con acceso al agua.

Detalló que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se buscó una solución integral al conflicto entre la empresa Grupo México y los trabajadores, con la participación de diversas dependencias federales, entre ellas la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Hacienda.

En cuanto al tema ambiental, informó que desde febrero de este año se inició un diagnóstico para reforzar las acciones de restauración y saneamiento del Río Sonora, así como mejorar los servicios de salud en la región, con apoyo de Semarnat, Conagua, IMSS Bienestar y el gobierno estatal.

Como parte del acuerdo, se creó un fondo económico para un Plan Integral de Justicia Ambiental y Social, con una inversión total de 2 mil 222.6 millones de pesos. De este monto, Grupo México aportará el 70%, el Gobierno de México el 22% y el estado de Sonora el 8%.

El plan incluye acciones de restauración ambiental, monitoreo en tiempo real de la calidad del agua, construcción y mejora de plantas potabilizadoras, así como el fortalecimiento de los servicios de salud. Destaca la transformación del hospital comunitario de Ures en un Hospital Regional con mayor capacidad, especialidades médicas y un laboratorio especializado en metales pesados.

Finalmente, la secretaria de Gobernación calificó este acuerdo como un hecho histórico y reconoció la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum para no dejar en el abandono a los trabajadores ni a las comunidades afectadas, reafirmando que el compromiso del Estado es garantizar justicia, derechos laborales y protección ambiental.