Luego de tres días de intensas audiencias públicas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Lenia Batres anunció que reformulará su proyecto de resolución, el cual buscaba eliminar la obligación de consultar a las personas con discapacidad antes de promulgar leyes o reformas que les afecten.

Esta decisión fue calificada como una victoria para las ONGs y personas con discapacidad que reiteraron su categórico rechazo a cualquier cambio legal realizado a sus espaldas, advirtiendo que "si quieren abreviar procesos, va a ser peor porque habrá que pagar abogados para verificar que no se afecten nuestros derechos".

La ministra Batres reconoció que, tras escuchar los testimonios, ha quedado claro que solo atañe a las personas con discapacidad incidir en las políticas públicas que les benefician o les afectan. Este derecho solo puede garantizarse si la consulta previa permanece como un acceso fundamental.

El proyecto original de Batres, que generó críticas incluso de la ministra Yasmín Esquivel por presentarse mientras las audiencias estaban en curso, buscaba evitar que los congresos tuvieran la capacidad de promulgar leyes sin la participación de este grupo vulnerable. La próxima semana se espera la resolución final sobre si este polémico proyecto queda definitivamente "enterrado" o reformulado.