En una sesión que marca un hito en la lucha contra la violencia de género, el Congreso del Estado de Chihuahua ha ratificado la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para crear una Ley General en materia de feminicidio. La diputada Jael Argüelles Díaz, al frente del Pleno, fue tajante al señalar que la fragmentación legal actual es una burla para las víctimas, ya que las diferencias en la tipificación del delito entre estados solo sirven para que los feminicidas encuentren grietas por donde escapar de la justicia. Con este aval a la minuta federal, se busca establecer criterios de investigación, sanción y reparación del daño que sean homogéneos en cada rincón del país, eliminando las vergonzosas desigualdades en la respuesta institucional.

La reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos coloca al feminicidio al mismo nivel de gravedad que delitos atroces como el secuestro, la desaparición forzada y la trata de personas. Esta armonización normativa es un golpe directo a la ineficacia de las fiscalías locales que, hasta hoy, operaban bajo criterios dispares que entorpecían la persecución del delito. Al sumarse a este proceso de reforma constitucional, Chihuahua envía un mensaje claro: no se tolerarán más simulaciones en la investigación de asesinatos de mujeres y se fortalecerá la coordinación absoluta entre todas las entidades federativas para garantizar que el castigo sea uniforme y ejemplar.

Esta medida no solo busca castigar, sino obligar a las autoridades jurisdiccionales a seguir protocolos estrictos que garanticen el acceso a la justicia y una reparación del daño real para las familias destrozadas. La disparidad en la regulación del feminicidio ha sido, durante años, una barrera que protegía a los agresores; sin embargo, con la creación de esta Ley General, se pretende que el marco común sea una armadura impenetrable para los derechos de las mujeres. Chihuahua se consolida así como una pieza clave en este proceso de reforma nacional, exigiendo que la aplicación de la ley sea una realidad implacable en todo el territorio mexicano.