La negativa de los partidos aliados a eliminar plurinominales y recortar prerrogativas pone en pausa una de las reformas clave del nuevo gobierno; la prioridad, dicen, será mantener la unidad de la coalición.

Ciudad de México, 16 de enero de 2026.– La reforma electoral impulsada desde el Poder Ejecutivo podría entrar a la “congeladora” legislativa antes incluso de llegar al pleno, ante el riesgo de provocar una ruptura entre Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de cara al proceso electoral de 2027.

De acuerdo con fuentes de las tres fuerzas políticas, el desacuerdo se centra en dos puntos considerados irreductibles para el PT y el Verde: la eliminación o reducción de legisladores plurinominales y el recorte de prerrogativas a los partidos políticos. Ambas medidas forman parte del planteamiento preliminar elaborado por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que propone disminuir de 200 a 100 los diputados plurinominales, suprimirlos por completo en el Senado y reducir hasta en 50 por ciento el financiamiento público a los partidos.

La resistencia de los aliados ha llevado a Morena a replantear la ruta. “Estamos negociando, pero si esto nos va a dividir, mejor no presentarla”, reconoció una fuente del partido guinda involucrada en las conversaciones. La prioridad, subrayó, es preservar la alianza que ha sostenido a la llamada Cuarta Transformación y evitar fisuras que puedan afectar el proyecto político en los comicios intermedios.

Desde el Partido Verde, la postura ha sido tajante. “No hay manera de que votemos a favor. El recorte presupuestal sólo pega a los partidos chicos; es prácticamente dejarnos en el desamparo”, afirmó uno de sus dirigentes. Otro integrante del PVEM planteó que, de concretarse una reducción, ésta debería aplicarse de forma equitativa a todas las fuerzas políticas; de lo contrario, prefieren que la iniciativa simplemente se pause.

En busca de consensos, en las mesas de diálogo se ha explorado una alternativa: mantener los 200 diputados plurinominales en la Cámara baja, reducir el número de legisladores de mayoría relativa y ajustar el financiamiento público en un porcentaje menor, alrededor del 20 por ciento. El gobierno federal ya comenzó a “socializar” estas opciones con el PT y el Verde; esta semana se realizó una primera reunión con el partido del Trabajo y se prevén encuentros con el PVEM en los próximos días.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció públicamente la necesidad de construir acuerdos con los aliados para sacar adelante una reforma constitucional de esta magnitud. Afirmó que no se trata de “chantajes”, sino de posiciones políticas legítimas. “Están defendiendo sus principios y Morena tiene que hacer un gran esfuerzo por mantener la unidad del movimiento”, señaló.

Monreal explicó que el proyecto aún se encuentra en una etapa de conclusiones y que, una vez presentado formalmente, se abrirá la discusión sobre temas como la reducción del gasto electoral, la fiscalización de campañas, el voto de mexicanos en el extranjero, la consulta popular y la revocación de mandato.

El trasfondo es claro: sin los votos del PT y del PVEM, Morena no cuenta con la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución. Por ello, más allá del contenido técnico de la reforma, la decisión final parece estar guiada por un cálculo político mayor: preservar la cohesión de la alianza gobernante, aun si eso implica posponer —o archivar temporalmente— una de las transformaciones más ambiciosas del nuevo sexenio.