Vinculan a proceso a red de falsificadores de facturas millonarias "Del Caballito".
Un golpe demoledor a las mafias del fraude fiscal y el lavado de dinero se consolidó luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuviera la vinculación a proceso en contra de ocho presuntos integrantes de la Red Delictiva "Del Caballito", una organización criminal de alcance nacional dedicada a la falsificación y expedición de comprobantes fiscales falsos.
Tras acogerse a la duplicidad del término constitucional, los imputados identificados como Maikol "N", Salvador "N", Laura "N", Luis "N", Manuel "N", Elda "N", Montserrat "N" y Lilia "N" fueron presentados ante la autoridad judicial, donde el Ministerio Público Federal expuso los datos de prueba idóneos para dejarlos tras las rejas bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Las investigaciones de inteligencia federal identifican a Maikol "N" y a Salvador "N" como los presuntos líderes de esta estructura delictiva, la cual operaba un complejo sistema para realizar transacciones con recursos de procedencia ilícita y emitir facturas apócrifas para burlar al fisco.
La captura de esta red criminal se logró tras la ejecución coordinada de decenas de cateos simultáneos en diversos inmuebles ubicados estratégicamente en los estados de Jalisco, Colima, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán, donde los agentes federales lograron desmantelar sus centros de operación.
Este resultado fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El juez de la causa fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el cual los imputados permanecerán recluidos en prisión, bajo el principio de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en una sentencia judicial.
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